A finales de
los noventa la participación de las ONG en las Naciones Unidas estaba asentada
como consecuencia de un proceso que se había iniciado en la Conferencia de
Estocolmo.
James A.
Paul, director ejecutivo del Global
Policy Forum[1],
escribía[2] en junio de 1999 que las ONG tenían un creciente
y vital papel que jugar:
“Contribuyen con valiosa información, con
ideas, abogan de forma efectiva por cambios positivos, proveen de una esencial
capacidad operativa en emergencias y esfuerzos de desarrollo, aumentan la capacidad y legitimidad del
proceso de gobernanza global”.
Las califica
de socios indispensables en los procesos de deliberación, formación y ejecución
de políticas, predice un incremento de su influencia para los años siguientes,
debido a su capacidad para complementar y ampliar el discurso político, y que todo ello habría de dar como resultado
una mayor legitimidad de las decisiones.
Esta
resolución es la que facilita la participación de las organizaciones, que es
informal, puesto que las organizaciones no pueden ejercer derechos formales en
la toma de decisiones, pero que les da una substancial influencia sobre los
resultados a través del trabajo de los expertos y de la generación de
propuestas creativas. Los representantes de las ONG tienen de hecho la
oportunidad de hablar en las sesiones plenarias y el derecho de hacer circular
documentación.
Sin embargo,
ya en este momento, finales de los noventa,
se reconocen dificultades e incluso retrocesos. Algunos estados miembro
de las Naciones Unidas no admiten los derechos formales de participación en la Asamblea General.
En este
contexto cabe situar, por ejemplo, la propuesta realizada en diciembre de 1998
por la delegación de los Estados Unidos para que las ONG paguen el coste de los
servicios que reciben de las Naciones Unidas. Algo que no salió adelante debido la oposición de otras
delegaciones.
Así, podemos
decir, que en 1999 existe un entorno más
hostil para las ONG que a finales de los ochenta o inicios de los noventa. Una hostilidad que se refleja en cuestiones
aparentemente triviales como las trabas con las que se encuentran a la hora de
acceder a la sede de Nueva York, por razones de seguridad, o las fianzas que se
imponen para acceder a la documentación en soporte digital. El motivo que se
alega para ambas cosas es la crisis financiera de la organización de las
Naciones Unidas.
Con todo, el
problema principal está en los derechos de participación.
Los derechos existentes son en realidad producto de la práctica que ha ido sentado precedentes. Esta práctica es dependiente de la buena voluntad de las delegaciones y descansa frágilmente sobre la cordialidad de las relaciones entre las delegaciones y las ONG.
Los derechos existentes son en realidad producto de la práctica que ha ido sentado precedentes. Esta práctica es dependiente de la buena voluntad de las delegaciones y descansa frágilmente sobre la cordialidad de las relaciones entre las delegaciones y las ONG.
Desde el
punto de vista de las ONG, en ese momento la posición más restrictiva con respecto al acceso de estas a los foros
de las Naciones Unidas, procede de la
Office of legal Counsel, oficina[3] que
aconseja en temas legales al presidente de los Estados Unidos, para la
cual, sólo la Carta
y las resoluciones de cuerpos intergubernamentales pueden servir de base para
conceder o negar el acceso a las ONG, y no los precedentes de hecho.
De acuerdo
con el Global Policy Forum, el siglo
XX se cierra con al menos seis grandes
dificultades para la participación de las ONG en las decisiones de las Naciones
Unidas:
1) Insuficiencia de medios materiales y espacio en la sede de las Naciones Unidas
2) Reglas
más duras y cambiantes para obtener acreditaciones
3) Reglas de
acceso limitado a la
Asamblea General
4) Acceso físico limitado a la sala de
reuniones
5) Programación irregular de las reuniones, y
6) Poca
disponibilidad de fondos para la participación de las ONG de los países del
Sur.
¿Qué vino después?
[1] El
Global Policy Forun es un observatorio independiente vinculado a las Naciones
Unidas que promueve la participación ciudadana,
especialmente en los temas de paz y seguridad.
[2] Paul (1999): “NGOs and the United Nations.
Comments for the report of the Secretary General”
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